23 de noviembre de 2012
SANTO DOMINGO.- Los
peledeístas nunca han querido a Guillermo Moreno, si quisiera cuando fue fiscal
del Distrito Nacional en el primer gobierno de Leonel Fernández, cargo del que
fue destituido apenas un año después de su nombramiento. Entonces, como ahora,
Guillermo Moreno les resultaba incómodo. Sugerido para la posición fiscal por Mariano Germán Mejía, estuvo muy cerca de no ocuparla porque el recién estrenado presidente la había comprometido, según le dijo al sugerente, con Ramón Andrés Blanco Fernández, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pero Germán Mejía insistió con Fernández hasta persuadirlo de las bondades de tener en el cargo al joven abogado.
Como se dice en el lenguaje coloquial, Moreno “entró por la goma” a la fiscalía, y en el acto de su juramentación puso, sin saberlo, la primera piedra en su propio camino cuando declaró: “Todos tenemos que sentirnos sometidos a la ley, ante la autoridad de la ley no debe haber posición económica, social o política”. Poco después le haría la misma advertencia a la policía, con la que fue un poco más lejos: le requirió presentar junto con el expediente los cuerpos del delito, hasta entonces frecuentemente usufructuados por los jerarcas de la institución.
Mas sus verdaderos problemas con los peledeístas comenzaron el 21 de octubre de octubre de 1996. Ese día, sin parar mientes en que Fernández había llegado al poder de la mano de Joaquín Balaguer, Moreno calificó de “mancha en la conciencia nacional la desaparición de Narciso González en mayo de 1994. A partir de ese momento comenzaron las intimidaciones camufladas en “consejos”. Tantos fueron los intentos de entorpecer la investigación que el 26 de noviembre de ese año hizo una denuncia pública:“Esos sectores tienen coro que le crean una pantalla, para disfrazar o atemorizar, y si ese es el objetivo que buscan con ese tipo de mecanismos que se está planteando para esta fiscalía, se equivocaron de objetivo”.
Protector de Juan Bautista Rojas Tabar, jefe de la Fuerza Aérea cuando la desaparición de González y señalado por el rumor público como implicado en el caso, Vincho Castillo se tomó para él lo dicho por Moreno. Y desde su programa en la televisora del Estado comenzó una campaña de maledicencia contra el fiscal.
Después vendría la investigación del asesinato de Orlando Martínez. Junto al juez de Instrucción Juan Miguel Castillo Pantaleón, Moreno desempolvó el expediente y abrió la caja de Pandora. Demasiado en tan poco tiempo para un oficialismo que apenas había terminado de bajar el brazo alzado que consagró el Frente Patriótico.
En abril de 1997 dio otro paso que molestó, dicen, incluso al presidente Fernández: la reapertura del expediente del exbanquero Leonel Almonte, en la carpeta de la fiscalía desde muchos años atrás. El 7 de julio, Moreno dictó orden de prisión contra Almonte y lo detuvo. Una llamada del procurador Abel Rodríguez del Orbe conminó a los ayudantes fiscales a poner en inmediata libertad al detenido. Blanco Fernández iría personalmente, en su calidad de abogado, a recibir al exbanquero.
El interés del procurador y del abogado en el caso era claro: Almonte había sido un contribuyente importante de la campaña de Fernández, como se lo recordara a Pablo Yermenos Forastieri, en un artículo de respuesta publicado en El Nacional del 5 de agosto, el propio Blanco Fernández: “Parte de ese aporte para que el señor Yermenos disfrute de un puesto en la administración pública, que en puridad de verdad no se ha ganado, se debe a las aportaciones que aquel supuesto estafador aportó, en diferentes ocasiones, a la organización que detenta el poder del Estado (…)”. Moreno no se arredró.
El escandaloso fraude a la Lotería en que el estaban involucrados Teté Antún Batlle, hermano de Federico Antún Batlle y cuyo padre, Federico Antún Abud, había sido administrador de la entidad; Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico) y el haitiano Frederick Marzouka, vendría a sumarse a la larga lista de "desaciertos" políticos del fiscal.
El fraude, consistente en trampear los números del sorteo mediante un mecanismo electrónico, fue revelado por Francisco Javier García, administrador de la entidad, a su partido y al presidente Fernández en procura de pautas sobre qué hacer dado el ingrediente político representado por Antún Batlle. Con la anuencia de ambas instancias, García actuó en consecuencia e hizo la denuncia ante la fiscalía.
Tras una minuciosa investigación, Moreno interrogó a Antún Batlle y lo dejó detenido comenzando la madrugada del 12 de septiembre. Se supo entonces que el presidente Fernández lo llamó por teléfono para recriminarlo por su actuación. A resultas de la conversación, el fiscal accedió a permitir que el detenido fuera a dormir a su casa y se presentara en la mañana a su despacho. Quizá prevalido en sus vínculos vicarios con el poder, Antún Batlle acudió a la cita… y Moreno dictó orden de prisión.
La ocasión para salir de este fiscal "díscolo" se le presentó a Fernández cuando Moreno, haciéndose eco de denuncias públicas sobre las torturas a los detenidos aplicadas personalmente por el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Juan Rafael Folch Hubieral, retiró de la entidad a parte de sus ayudantes. El escándalo fue mayúsculo y terminó con la destitución del militar pero también con la suya: el 20 de septiembre, Moreno fue destituido del cargo, medida que provocó una ola de indignación pública. Preguntado sobre esta reacción, Fernández se limitó a decir “Yo hablo por decreto”.
Que los diputados peledeístas pidan ahora que se investigue su silencio –que no sus actuaciones— cuando era ayudante de fiscal en el último gobierno de Joaquín Balaguer no solo represalia la denuncia de Moreno ante la Procuraduría General de supuestos actos de corrupción cometidos por Fernández, sino que es también fruto de esta antigua malquerencia.
(Escrito sobre la base de una crónica publicada por mí, sin firma, en la edición No. 192 del 6 de octubre de 1997 de la desaparecida revista Rumbo.
