Eramis Cruz
No sé quien lo dijo, pero uno no puede más que estar de acuerdo con la expresión que afirma que existen tres clases de personas en la sociedad: las que hacen que las cosas pasen, las que las miran pasar y aquellas que ni siquiera se dan cuenta. Esto lo digo a propósito de que los medios de mayor audiencia y circulación publicaron que Estados Unidos había batido un record mundial, desde el año 2005 como el país con más ciudadanos tras las rejas, y ese hecho no provocó mayores reacciones.
Ya sabemos que este país bate muchos records en la competencia mundial, tantos que a veces uno se queda con la impresión de que entre las fuerzas imperiales, Estados Unidos se ha quedado solo después de la caída de la Unión Soviética y la Torre de Berlín. Pero no todos las cosas son como se ven, en toda sociedad el sistema sigue una dialéctica que encierra sus propias contradicciones. Estados Unidos es conocido por muchos como el país de los sueños y todo sabemos que esa es una verdad relativa, porque no todo el que vive en este país disfruta sueño alguno, por el contrario, hay muchos para quienes la vida es una pesadilla. Nos referimos a los seres humanos que por diversas razones se encuentran bajo las rejas por haber cometido crimines desde la óptica de una sociedad regida por la ambición material y la explotación de la fuerza de trabajo.
No hay duda de que existen estudios y trabajos serios sobre el sistema carcelario actual, pero ninguno ha merecido la atención suficiente para provocar un cambio en la manera de concebir las causas de la criminalidad. Forzar que bajen las cifras criminales en las grandes ciudades encerrando gente tras las rejas, no es la manera ideal de combatir el mal. No hay duda de que sería más beneficioso un programa preventivo, que es menos costoso y más eficiente debido a los múltiples beneficios que se derivan de su ejecución porque sería más general y llegaría a un sector más amplio de sociedad.
Estados Unidos cuenta actualmente con la mayor población carcelaria del planeta. Según la Oficina de Estadísticas Judiciales los presos superaron los 2.1 millones de personas del año 2004. El reporte se publicó también en el Diario la Prensa del martes 26 de abril del 2005 y en el New York Time.
Según la DC/AFP (un reporte de Maxim Kniazov), uno de cada 138 habitantes de Estados Unidos está en la cárcel, una cifra alarmante. Pero las estadísticas no siempre presentan las causas y los efectos de los números al menos que analicen y se confronten factores e indicadores específicos, muy especialmente en una población racialmente dividida como la norteamericana, recuérdese las luchas por los derechos civiles de los 60s. En el mismo reporte dice Paige Harrison, una experta en estadística del Departamento de Justicia que “las cifras son coherentes con las de los últimos años”, en otras palabras, las administraciones de los últimos años han seguido implementando una política carcelaria similar, que obedece al principio de “el que la hace la paga”, sin hacer la excepción de que existe una gran discriminación general por una falta de visión, o por injerencia de la cúspide dominante que insiste en mantener un sistema excluyente contra las minorías de Estados Unidos.
El estudio reporta que existen 726 presos por cada cien mil habitantes, el año anterior había sido de 716. Estados Unidos superó a Rusia, China y a una lista de países que no pregonan contar con un sistema democrático como anda cacareaba esos años la servidora de George W. Bush, Condoleezza Rice. Tiene sentido que las prisiones federales, que albergan a quienes violan las leyes contra las drogas, registraron un aumento de un 6.3% lo que demuestra con evidencia clara que Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de drogas del mundo, especialmente porque se paga en dólares y se garantiza el lavado de esos dólares a los traficantes de cuellos blancos.
También la población carcelaria de las mujeres creció en un 2.9%, lo que quiere decir que la participación de las mujeres en el área de la criminalidad va en aumento, incluyendo aquellas que comenten delitos relacionados con el tráfico y el consumo de drogas. Pero quienes han quedado en peor posición en el reporte del Departamento de Justicia, son los afroamericanos, seguidos de los hispanos y otras minorías.
Naturalmente que ese es un fenómeno que no sorprende aquellos que hacen algo más que ver las cosas pasar por televisión. Pero que un 12.6% de los hombres negros en la edad de 25 y 30 años de este país vivan detrás de las rejas, es simplemente alarmante, porque es una edad productiva que debería beneficiar el porvenir del país. El porcentaje de los hispanos es de un 3.6%, pero el de los blancos, que es la población mayoritaria es de 1.7%. Y como ha de suponerse la cantidad de extranjeros en las cárceles aumentó al ritmo del auge de la globalización, o sea que hubo un aumento de 1.4% lo que arroja 91,789 encarcelados.
De manera que ahora sabemos porque existe una disminución de los delitos callejeros, incluyendo los crimines violentos, así lo reportó el FBI en el 2005, hay más criminales encerrados, pero sin embargo la población carcelaria sigue en aumento, un fenómeno que no compagina con la otro. Nadie está de acuerdo con crimines impunes, pero es criticable que no existan perspectivas para dar un giro a la concepción tradicional de la justicia. Es imperativo implementar políticas inmediatas con proyecciones a largo plazo para que el país no siga calificando como un país prisionero.
Existen necesidades de cambios profundos en los Estados Unidos y en aquellos países que siguen un patrón similar. El Estado es quien carga con la mayor responsabilidad porque es el encargado de manejar el complejo sistema judicial y policial, pero debido a los intereses involucrados y la metodología excluyente y represivas contra las poblaciones trabajadoras, las transformaciones de importancia no se harán sin la presión de la ciudadanía consciente.
Si es cierto que se han superado las etapas de los castigos corporales, no es menos cierto que los castigos psicológicos hacen igual daño en la vida del ser humano, y también deben superarse con una disminución de los encarcelados a través de programas preventivos de delito. Las estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contó los presidiarios, pero puede resultar más difícil contar las heridas que deja cada persona encarcelada en la moral de los hijos, y el resto de la familia. De manera que el problema trasciende a un asunto social de envergadura, especialmente si se observa que el periodo carcelario no termina que la liberación del preso, esas huellas no desaparecen por completo, especialmente cuando el reo no sale con una reivindicación de sí mismo, lo que hace más posible su vuelta a las rejas por reincidencia.
Existe un círculo del sistema carcelario que envuelve en primer plano a la policía que supuestamente previene, investiga, y detiene al sospecho de un delito, entonces entra el fiscal que dirige la investigación y reúne las pruebas para hacer la acusación, en un tercer plano tenemos el juez que dicta sentencia imponiendo las castigo según el código penal, y finalmente entra el servicio penitenciario. De manera que se sigue un circulo vicioso que no profundiza en las causas de los problemas por carecer de una estructura que establezca sus relaciones con otros mecanismos del estado en los que se gastan recursos y material humano.
Aquí podemos señalar el sistema educativo, que está supuesto a ser el primer eslabón para la formación integral del individuó, en su condición de persona, no como un receptor de principios y habilidades útiles a las empresas manejadas por la elite de la sociedad. El sistema educativo está supuesto a funcionar para solucionar los graves problemas que afectan a los grupos humanos componente de la comunidad. De manera que si la sociedad afro-americana y la latina confrontan un auge criminal de proporción alarmante, hay que dirigir los recursos a las instituciones con mayor incidencia en el aspecto del comportamiento, y según las raíces específicas que originan tal situación.
Lo que queda en evidencia con los resultados del estudio es que la política carcelaria está dirigida específicamente hacia los sectores con mayores incidencias criminales por las condiciones de marginación económica y cultural en que viven. Las clase en control de la política del Estado se resiste a admitir que existe una relación entre el crimen y nivel de pobreza y marginación cultural que tiene directamente que ver con la desigualdad en la distribución de la riqueza en sus diferentes manifestaciones, recursos humanos, económicos y materiales.
