Luís M. Rodríguez
Después de ajusticiado Rafael Trujillo, el 30 de mayo de 1961, la República Dominicana conoció de un turbulento periodo histórico que pasaría por el derrumbe de la dictadura, varios golpes y contragolpes de estado, presión popular masiva y la celebración, el 20 de diciembre de 1962, de las primeras elecciones libres post Trujillo que cerrarían una fase en la transición hacia la democracia.
Las dos principales fuerzas partidarias que se confrontaron en esa contienda electoral, la Unión Cívica Nacional (UCN), que llevaba como candidato a Viriato Fiallo, y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo candidato era Juan Bosch, representaban, la primera a sectores de la oligarquía desafecta al trujillismo, y la segunda a una emergente burguesía nacional y una amplia capa media ahogada socialmente por el viejo régimen. De cara al proceso electoral, el candidato del PRD logro atraerse el voto de los remanentes del trujillismo, sector hacia el cual articularon una política de “borrón y cuentas nuevas”.
El Movimiento Revolucionario “14 de Junio”, que era la tercera fuerza política nacional y la mas importante organización de izquierda, asumió una política de abstencionismo electoral que no tuvo mayor repercusión entre la ciudadanía a pesar de su popularidad y prestigio, sobre todo de su líder Manolo Tavares Justo. Basado en la decisión del primer Congreso del “14 de Junio”, Manolo justifico la línea de abstención a partir de que “las elecciones no serian verdaderamente libres mientras que todos los partidos progresistas no fueran autorizados y el Ejercito y la administración no fueran depuradas”. Su táctica era el reflejo del convencimiento que predominaba en el “14 de Junio” del triunfo eminente de la revolución y que la lucha guerrillera, tal y como había ocurrido en Cuba, era el camino a seguir por las fuerzas revolucionarias del Continente.
Como recordamos, las elecciones del ’62 fueron ganadas por el PRD, resultando su líder electo a la presidencia de la Republica con un 59.53% de la votación nacional y con un 77.3% de la votación del Distrito Nacional. Este voto, abrumadoramente superior para el PRD, le permitió ganar 22 de las 27 posiciones del Senado y 49 de las 74 posiciones electas en la Cámara de Diputados.
La magnitud de la victoria perredeísta expresaba el repudio popular contra la reacción, contra el hambre, la injusticia y la opresión. Era una muestra clara de la voluntad de cambio sujeto a valores políticos progresistas predominante en la mayoría ciudadana, la cual sintetizó el programa y el discurso del PRD de entonces.
Conectado al sentir popular y con conciencia plena del respaldo recibido para gobernar acorde a su visión programática, que al decir de Bosch era para hacer “una revolución democrática”, la cual no podía darse “si no tenemos una Constitución revolucionaria”, el 25 de enero del ’63, a 34 días de la toma de posesión presidencial, se instalo la Asamblea Constituyente o Asamblea Revisora, iniciando su función como tal 3 días después, 28 de Enero, cuando recibió para su discusión un proyecto de texto constitucional presentado por 3 diputados a nombre del partido oficial.
Este texto, con un marcado contenido político-social progresista, mucho mas para una sociedad que recién había salido de 30 años de dominio absoluto por una de las mas férreas dictaduras latinoamericanas, contaba con 186 artículos. Estos artículos, a su vez, estaban divididos en 18 títulos, resultando el número 1, y las disposiciones que contenía, en una razón primaria para que el empresariado, la Iglesia Católica y una franja de la cúpula militar se opusieran vehementemente al texto propuesto y a la fuerza política que lo sustentaba.
En su libro Constitucionalismo y Procesos Políticos en la República Dominicana, Flavio Darío Espinal resume las disposiciones registradas en la nueva propuesta constitucional que con mas ardor fueron criticadas e impugnadas por la triada conservadora arriba señalada.
Mencionaremos hoy, para ilustrar la magnitud del cambio proyectado, algunos de sus aspectos:
“La existencia de la Nación se fundamenta principalmente en el trabajo; este se declara como base primordial de su organización social, política y económica y se le erige en obligación ineludible para todos los dominicanos aptos”.
Compromete al Estado en remover los obstáculos que limitan la “efectiva participación de… los trabajadores en la organización política, económica y social del país” y a “colaborar con las empresas”.
En el articulo 19 se lee: “En toda empresa agrícola, industrial, comercial o minera los trabajadores tendrán derecho a participar en los beneficios de la misma, reconociendo el interés legitimo del empresariado y los demás factores de la producción”.
Asimismo, en el Articulo 20 “se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro, excepto en los servicios públicos”.
Además de lo expuesto, la triada de nuestra tragedia histórica se opuso a que se declarara “contrario al interés colectivo la propiedad o posesión de tierras en cantidad excesiva por parte de personas o entidades privadas”, es decir se opuso a la prohibición “de los latifundios de particulares, sea cual fuere la forma en que estos se originara”.
Contrario a la realidad de hoy, la Constitución del ’63 declaraba “que solamente las personas físicas dominicanas tienen derecho a adquirir la propiedad de la tierra. Sin embargo, el Congreso podrá autorizar mediante ley, cuando así convenga al interés nacional, la adquisición de terrenos en las zonas urbanas por personas extranjeras”.
Estos sectores conservadores del ayer rechazaron las medidas legales que autorizaban y regulaban toda acción de expropiación por “causa de interés general”, aún y cuando iban a ser compensados por el Estado. Así se opusieron, a la vez, a toda legislación que buscara convertir “en propiedad colectiva o en economía colectiva” tierras, el suelo, subsuelo, recursos y riquezas naturales.
Repudiaron la propuesta de sujetar al sistema escolar “a la organización y supervisión del Estado” y a que en los “establecimientos particulares solamente los padres, tutores o encargados de la educación del niño tienen el derecho a decidir si a este se le instruirá o no en los principios de una religión”.
Resulto inamisible para los sectores retardatarios del país de entonces, que la Constitución reconociera la paridad jurídica de los/as niños sin importar que nacieran dentro o fuera del matrimonio y la disposición que reconocía como legítimo la unión consensual entre un hombre y una mujer.
Con un Estado poseedor de más del 60% de los activos invertidos en la industria del país, dueño de las mejores y más grandes fincas y con inmensa posesiones de tierra, todo lo cual había sido confiscado a los Trujillo, habla a favor de las autoridades electas el que en la Constitución del ’63 se consigno como ‘delitos contra el pueblo los actos realizados por quienes, para su provecho personal, sustraigan fondos públicos o, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o entidades autónomas, obtengan ventajas económicas ilícitas”.
Este conjunto de factores, junto a la ausencia de mención específica sobre el Concordato suscrito entre el Estado y el Vaticano, durante la tiranía, sería el sedimento básico en que esta triada de la oscuridad sostendría una campaña anticomunista y para considerar que en la Constitución, aprobada el 29 de abril de 1963, se contravenían “los derechos de Dios y de la Iglesia” y que ignoraba que nuestra republica se había adherido “al catolicismo desde su entrada a la civilización y que reafirmó como Nación libre y soberana”.
Súmele a lo dicho que en materia de libertad política y de asociación la Constitución era una ruptura con una larga tradición de ejercicio gubernamental excluyente y dictatorial; por tanto, era un marco jurídico que avalaba y protegía la democratización real de la sociedad.
Como se nota, en esta apretada síntesis, la Constitución era algo mas que un ordenamiento jurídico que rescataba derechos conculcados que resultaban esenciales para un ejercicio ciudadano digno y libre. Era, también, un programa de gobierno con un sólido compromiso social con las clases y sectores históricamente marginados, a los cuales, por demás, se les conferían derechos de participación en la construcción de la nueva republica en cierne y deberes y beneficios en todo el entramado económico de la sociedad dominicana.
La Carta Magna del ’63 impugnaba la visión de proyecto de nación que la oligarquía y el imperio buscaban imponer en la sociedad dominicana posterior al derrumbe de la tiranía. Los promotores del nuevo estatuto constitucional iban mucho más allá de un trujillismo sin Trujillo, de un poder nacional soberano solo en lo formal y contravenían, por tanto, la lógica de Washington para el qué estaba fuera de discusión que el gobierno dominicano estaría al servicio de su estrategia de dominación y seria, por tanto, un factor de contención del reto y la esperanza que significaba Cuba en todo el Continente.
Visto en su justo contexto histórico, estábamos, a partir de la asunción del gobierno de Juan Bosch y del PRD, ante un proceso de reconstrucción de nación sujeto a los atributos políticos-jurídicos que les distinguen como tal. Es decir, caminábamos hacia la edificación de una nación soberana e independiente real, lo que, entre otras cosas, restituiría el orgullo nacional perdido por las acciones de gobernantes que colocaban en primer plano los intereses extranjeros, en perjuicio del interés nacional.
De acuerdo a mi humilde parecer, aquí es donde reside la causa fundamental del fatídico golpe de estado del 25 de septiembre del 1963, el cual además de interrumpir el orden institucional, le dio una estocada mortal al naciente sistema democrático. La Constitución, y quienes la promovían, expresaban un proyecto de nación democrática con sólidos componentes de modernidad, influenciados por avanzados valores de la democracia occidental; un proyecto de Nación que además de garantizar la libertad política y demás derechos civiles ciudadanos, apuntaba a una redistribución de las riquezas nacionales con sentido de justicia y asumía una política exterior y de relacionamiento con otros estados buscando beneficiar primero al país, no a poderes extraños que históricamente nos han explotados y usados como simples peones en su empeño de control mundial.
Para viejos grupos oligárquicos y para sectores políticos, militares y religiosos acostumbrados a los beneficios que reporta el control del poder y que resultaron derrotados en las elecciones del ’62, la del ’63 era “una Constitución comunista” que arruinaría a la República, tal y como dijeron, en conversación privada, Rafael F. Bonnelly, presidente del Concejo de Estado, Donald Read Cabral y Antonio Imbert, según relata el embajador norteamericano John Bartlow Martin.
Aún y con todo el valor progresista que resumía la Constitución conculcada, el contra golpe de abril y los acontecimientos heroicos del 24, 25, 26, 27 y 28 de abril del 65, que reconfiguraban a la sociedad dominicana, llevaron al profesor Bosch a decir que a un pueblo que luchaba como lo estaba haciendo el nuestro ya no bastaba con darle la democracia que el había ofertado y aplicó en sus 7 meses de gobierno. Esta posición de Bosch expresaba el inmenso impacto que la Revolución de Abril tenia en la conciencia nacional.
No obstante, y a pesar de los 43 años y 5 meses transcurridos del acto de anulación de la Constitución del ’63, su actualidad es innegable. Su valor se incrementa cuando a diario vemos como la nación y su territorio son vendidos a pedazos a filibusteros modernos. Mientras la Carta Magna desarraigada protegía nuestra tierra, playas, riquezas y bienes nacionales, la clase política dominante hoy, de distintos colores partidarios, nos vende por bagatelas, sea la parte ubicada en la Bahía de Las Águilas, sea la región Este, sea San Souci o hasta en el propio Malecón de la Capital dominicana.
Aumenta su valor y sentido de presente, la Constitución anulada, cuando se suscriben tratados de libres comercios a partir de la lógica y los intereses de las transnacionales y en perjuicio del productor nacional y del aparato productivo, con lo cual se profundiza el proceso de desnacionalización del país, se desvalora la actual Constitución y se limita la condición ciudadana de los dominicanos y dominicanas para transformarnos en simples consumidores de los productos, bienes y servicios provenientes de la Gran Metrópoli.
Así, todo parece indicar que contrario a la aspiración constitucionalista de ayer que buscaba reafirmarnos en nuestra nacionalidad a partir de los mejores valores de los forjadores de la nación, hoy las fuerzas gobernantes trabajan para convertirnos en una gran zona franca o en el mejor de los casos en lo que llaman “un Nueva York chiquito”.
Para concluir, rescato lo dicho por alguien de que las tradiciones que perduran son las que conectan con el presente. En tal sentido, suscribo el significado de la Constitución del ’63 como aspiración inconclusa de nuevo proyecto de nación; como un marco de país legal y programa político-social que aún ayuda a la construcción de una democracia verdadera, de un estado moderno y de derecho, de una sociedad signada por la equidad, la justicia y la solidaridad, como condición primaria para superar la horrible situación de marginalidad social y exclusión económica en que vive la mayor parte del pueblo dominicano.
Pienso que una aspiración modesta, en las condiciones nacionales actuales, pero justa como esta, compromete a todo lo políticamente progresista, patriótico y decente, no solo a lo que se asume como izquierda. Y este arcoiris de fuerzas que ayer hizo posible la victoria de Bosch en el ’62, la Constitución del ’63, la Revolución de Abril en el 1965 y la derrota, vía el proceso electoral, del régimen represivo de Joaquín Balaguer en el 1978, se ha de reencontrar en el presente en sus mejores muestras humanas y orgánicas a través de un nuevo referente político que haga posible la victoria permanente del litoral progresista y democrático de la sociedad dominicana.
