Un millón de discapacitados es un número escandaloso en un país donde el estado se limita a determinado intereses, pasando el precio a los sectores más necesitados.
Sin temor podemos afirmar que el subdesarrollo de un país no solo está determinado por su nivel económico aunque no podemos negar que es el factor principal para demostrar su alcance. Si el desarrollo de la sociedad sucediera en lo material a la par con los valores intrínsecos de la naturaleza humana, la globalización, como concepto de crecimiento, no debería limitarse a determinados países, sino que bajo un concepto internacional, tendría el objetivo de eliminar la pobreza de los rincones más apartado del mundo.
Con el avance tecnológico y las modificaciones en los medios de comunicación para permitir una interactividad que no solo facilita la información sino la ejecución de transacciones comerciales y negociaciones de convenios multilaterales, parece aceptable una mayor inversión de recursos en las necesidades humanas imprescindibles para la integridad social.
La Republica Dominicana no es una excepción en América Litina, pero no deja de sorprender la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la existencia de un millón de personas discapacitadas en el país. El informe es convincente y realista porque está justificado por citados parámetros sociales, económicos, educativos, políticos y hasta culturales.
Especialmente cuando se refiere a los accidentes laborales, los provocados por los accidentes de tránsito e inclusive en el hogar. Se admite que no existe en el país una conciencia sobre el problema. Eso está demostrado con el hecho de que no hubo una reacción inmediata ni del gobierno ni de sector civil sobre las declaraciones de la OMS.
Todos nosotros tenemos recuerdos de la manera como se trataba en nuestros pueblos a las personas discapacitadas, específicamente aquellas con una condición mental. Lo peor se sustenta en la ausencia de una política gubernamental agresiva para combatir el mal. Debido a que el elevado número de personas discapacitadas está estrechamente relacionado al subdesarrollo económico, el comportamiento de la ciudadanía, y la necesidad de ofrecer oportunidad participativa a las personas discapacitadas. Esto es un indicador de que solamente un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad podría resultar positivamente productivo a corto y mediano plazo en la reducción de lo cuantitativo y el acrecentamiento de lo cualitativo a favor de la comunidad discapacitada.
Para comenzar con un enfoque de efectividad habría que comenzar a trabajar para disminuir considerablemente los accidentes de tránsito. Por muchos años ha existido en la República Dominicana una cultura de irresponsabilidad, de irrespeto e indiferencia por la vida por la mayoría de los conductores. Se hace imperante un análisis no solamente sobre el número de accidentes, sino sobre cada circunstancia, el costo que tiene para la sociedad y los efectos en las familias.
Manejar un vehículo de motor en la República Dominicana es un asunto de vida o muerte. En una estadía do dos semanas el conductor y sus pasajeros se convierten en potenciales víctimas de accidentes, cuando no en testigos oculares de imprudencias graves de conductores desafiantes e irrespetuosos de las reglas de tránsito.
No basta con legislar, ni con hacerse signatario de convenios internacionales, en países como República Dominicana, las leyes no se aplican al menos que afecten los intereses de sectores influyentes. La comunidad discapacitadas tiene que ser tomada en cuenta a lo largo y a lo ancho no solo del territorio nacional sino del quehacer diario del país. En cada nueva calle que se construye, en cada calle que se repara, en cada edificio que se levanta, hay que tener en cuenta a la ciudadanía afectada por condiciones físicas, sea a consecuencia de un accidente de tráfico, laboral, o adquirida por determinado factores genéticos.
También hay que tomar en consideración la aptitud de violencia como método de solución de conflictos. La Policía Nacional es un causante de heridos y muertos en frecuentes intercambio de disparos en calles y esquinas de las ciudades. En un periodo de diez años son muchas las víctimas de esas acciones de agentes autorizados para herir o matar.
Pero lo que más demanda atención es crear conciencia, sea por iniciativa del gobierno o por la acción de la comunidad civil sobre una actitud de aceptación y respeto a la persona discapacitada. Hay que incluir esa necesidad en la educación formal y en la orientación social.
Resulta contradictoria pensar que el Estado pueda lograr resolver estos problemas tan delicados al menos que sus recursos se inviertan bajo una política administrativa diáfana, que no permita la desviación de recursos hacia cuenta de particulares. Alguien con grandes necesidades pagará el precio de la corrupción existente de funcionarios inescrupulosos.
En referente a los accidentes de trabajo es un asunto que siempre fue de la incumbencia de las organizaciones sindicales, que no solo negocian clausulas en los convenios colectivos, sino que son los fiscalizadores más efectivos del complimiento de los acuerdos y de las leyes.
Con el nuevo concepto empresarial bajo la política neoliberal, el papel de las organizaciones sindicales ha sido empujado al margen abandonado de lo innecesario. Sin embargo son los trabajadores los perdedores al ser obligado a renunciar a un instrumento efectivo para sus conquistas.
Un millón de personas discapacitadas para un país de limitados recursos es demasiado si se toma en cuenta que tendrá un impacto en el futuro de la nación.
Sin un sistema de seguridad social integro y un plan de salud preventivo efectivo que procure disminuir el costo económico y las consecuencias morales, será más penosa la consecuencia para el futuro no muy lejano del país en término del sector discapacitado.
No existe un problema social en un país que no demande de una actitud política para ser solucionado, en tal sentido, todos los dominicanos deben de tomar en serio su participación política en las elecciones generales y con una visión de futuro demandar una solución real del problema de las personas discapacitadas y su participación interactiva a todo los niveles de la sociedad.
